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Frente a la difícil situación, funcionarios del Senasa y de los centros productores, trabajaron para acordar soluciones y nuevas metas, y presentaron sus descargos ante las autoridades extranjeras. La gestión arrojó como resultado el levantamiento
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Desde hace ya algunos años el consumidor ha tomado conciencia de la importancia de la calidad de los productos alimenticios y de su incidencia en su propia calidad de vida. Esto trajo aparejada una mayor exigencia a la hora de comprar y a la hora de reclamar por su seguridad. Los diferentes flagelos que han azotado a las sociedades de consumo de Europa y Estados Unidos, como fueron el mal de la vaca loca y el bioterrorismo, han obligado a los países importadores a reglamentar sus convenios comerciales. Así surgieron el Reglamento 178/2002 de la UE y la Ley contra el Bioterrorismo de EEUU, que sumados a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), la trazabilidad y EUREPGAP condicionan cada vez más a las empresas productoras. En nuestro país, a partir del año 2001, con la salida de la convertibilidad, las empresas locales vislumbraron que los mercados extranjeros eran una vía comercial promisoria. Pero ante la apertura de las negociaciones los nuevos requisitos se transformaron en una barrera. Los productores argentinos dispuestos a exportar se vieron así en la obligación de incorporar controles y certificaciones puntuales, y de acatar estándares y normativas internacionales. El seguimiento de productos de la tierra de primera calidad, es algo que en nuestras provincias viene trabajándose desde siempre. La certificación de calidad en cambio, no es de tan larga data. Entre los productos argentinos de alto nivel de |
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