El mundo actual se divide en dos partes: una donde las poblaciones no tienen qué comer y otra donde tanto las cadenas de suministro como los consumidores tiran toneladas de alimentos al año.

En Europa el promedio de productos comestibles que se desperdician por año asciende a unos 179 kilos por persona, lo cual significa unos 89 millones de toneladas. En primer lugar se ubica Alemania con 10,3 millones de toneladas, le sigue Holanda con 9,4 millones de toneladas, Francia con 9, Polonia con 8,9, Italia con 8,7 y España con 7,7 millones de toneladas.

Las cifras son verdaderamente alarmantes y se considera que toda la cadena alimentaria es responsable de esta situación, dentro de la cual los particulares juegan un rol bastante importante.
 
Según un informe del Parlamento Europeo los productores y la industria agroalimentaria pierden el 39% de los alimentos frente al 42% que se pierde dentro de las familias de consumidores.

Ante esta realidad, el año pasado un grupo de parlamentarios franceses presentó una propuesta para luchar contra el desperdicio de alimentos, solicitando que los supermercados y las grandes superficies (de más de 400 metros cuadrados) acordasen con bancos de alimentos y organizaciones benéficas para donar todo aquello que es apto para su consumo y no puede ser vendido en la forma habitual. La misma propuesta determinaba que no se debía aceptar la comercialización de dichos productos con precios promocionales, tal como se hacía generalmente para acelerar su rotación.

Con esta medida el gobierno francés apunta a reducir en un 50% la pérdida de alimentos hasta 2025, para lo cual otro punto importante que contempla la ley será la educación a través de las escuelas. Tras obtener el apoyo unánime de la Asamblea Nacional, la medida propuesta por Guillaume Garot entrará en vigencia a partir del 1º de julio de 2016.

Las empresas que no cumplan con la firma de contratos con organizaciones humanitarias para la donación de alimentos antes de junio de 2016, serán consideradas responsables de enfrentar multas de 75.000 euros o penas de prisión de hasta dos años.